En lo que va de la actual Administración Municipal, han sido clausurados un total de ocho centros de rehabilitación, por encontrarse en las inspecciones rutinarias, faltas graves a los reglamentos correspondientes o violaciones a los derechos humanos.
Víctor Ramos Galindo, titular de la Dirección de Prevención Social del Delito, dijo que las revisiones a estos lugares son permanentes y acuden también otras dependencias municipales.
Afirmó que el objetivo es salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran internadas en los diferentes centros de rehabilitación de la ciudad, así como regularizar y poner orden en los mismos, para evitar que sigan operando aquellos que no cumplen con las medidas de seguridad y normas de salud correspondientes.
Dio a conocer que actualmente hay un directorio de 53 centros, de los cuales 17 ya fueron revisados a partir de marzo de este año.
Alimentos en malas condiciones, malos tratos, hacinamientos e infraestructura inadecuada, son algunos de los aspectos que la Dirección de Prevención Social del Delito, ha detectado en las revisiones periódicas que realiza en conjunto con otras dependencias, a los centros de rehabilitación para las adicciones.
En esos casos la dependencia correspondiente levanta el acta, dando oportunidad a que el centro, si opera legalmente, subsane las observaciones.
Sin embargo, el director informó que cuando la falta es grave, se procede directamente con la clausura, en ese sentido dijo que en lo que va de la actual Administración Municipal, han sido cerrados ocho lugares de este tipo.
Respecto a la población que hay en los centros, el funcionario dijo que fluctúa entre 950 internos aproximadamente, y lamentó que en su mayoría son jóvenes y menores.
Ramos Galindo dio a conocer que otro de los aspectos que por ley deben cumplir estos centros para operar, es el de separar a los grupos por edades y por género, es decir, no puede haber población mixta.
Y agregó que el cristal es la sustancia cada vez más consumida.
“Hay un consumo cada vez más preocupante del cristal, por ser accesible, barato y que cada vez más lo estamos viendo en menores consumidores que están en las calles o recluidos en estos centros”, mencionó el director.
En ese sentido, resaltó que por ley, los padres o tutores están obligados a hacer del conocimiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Torreón (DIF) y de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), la situación del menor.
Por lo tanto, el funcionario habló de los programas para la prevención y atención de las adicciones, como son las visitas a colonias y escuelas, el apoyo psicológico y la tarea en conjunto con la iniciativa privada, padres de familia y maestros, para conocer las alertas para que los jóvenes no caigan en este problema de salud pública.
Lo anterior fue parte del informe que rindió el titular ante regidores de la Comisión de Seguridad Pública durante la décima sexta sesión.
Integran la Comisión los regidores Alma Lucina Fong Meléndez, Luis Jorge Cuerda Serna, Omar Morales Rodríguez, Blanca Álvarez Garza, Jesús Javier Gómez Ledezma y la Síndica Mónica Montero Cuéllar.
