Personal de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal cerró esta tarde un corralón ubicado en el ejido San Antonio de los Bravos, donde se detectó la compra y almacenaje de material robado al Municipio, como lo son postes metálicos de señalamiento vial y mamparas de paraderos.
El titular de la dependencia, Raúl Gerardo Rodríguez García, informó que en el local de compraventa de fierro viejo denominado “El Paisa”, ubicado en el Periférico Raúl López Sánchez número 300 del mencionado sector, se localizó el material municipal robado y se procedió a la clausura del establecimiento.
Tras el hallazgo de las piezas, se activó un operativo de revisión con el apoyo de una grúa, en el que colaboraron la Dirección de Seguridad Pública y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, para supervisar el establecimiento y comprobar la procedencia del material encontrado.
Al arribar al domicilio indicado los inspectores notaron además que el local no contaba con licencia de funcionamiento, ni algún permiso para operar, así como también carecía de medidas de seguridad, por lo que se procedió a la colocación de los sellos.
A lo largo de la inspección, los elementos hallaron el material metálico robado al Municipio, declarando el encargado que lo habían llevado clientes y estaba pagado, sin poder legitimar la adquisición y procedencia, hecho que provocó que se procediera a confiscar una cantidad superior a los 500 kilos de dicho material.
El encargado del lugar quedó detenido.
Con la supervisión que se ejerce en este tipo de negocios que funcionan sin licencia y sin las medidas de seguridad adecuadas, operando clandestinamente, fue posible ubicar el material robado, indicó el funcionario.
Ante el robo de la infraestructura urbana del que ha sido objeto el Municipio, por ahora se está trabajando en sustituirlo y reforzando las medidas de seguridad para evitar que sea sustraído.
Explicó que se tiene implementado un operativo constante en las compras de chatarra y de material reciclable, por lo que hizo un llamado a los propietarios para que no tengan la tentación de adquirir algún objeto sustraído del equipamiento urbano o del que no tengan la certeza de dónde proviene, porque lo que procede es clausurar el lugar y presentar la denuncia correspondiente, como se hizo en este caso.
